AFECTACION DEL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE ALTERUM NON LAEDERE POR PARTE DEL ART. 39, inc. 1 DE LA
L.R.T. (DERECHO A UNA REPARACION INTEGRAL)
Necesidad de adaptación de la labor legislativa al principio constitucional
de alterum non laedere; Vulneración del principio constitucional de
Progresividad; Principio de Dignidad Humana; Afectación al principio
constitucional de Justicia Social mediante la eximición de la responsabilidad
civil del empleador.
“Que, por ende, no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir
que la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de
los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos
constitucionales antes expuestos […][1]. Ha negado, a la hora de
proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a
supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena
de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos
por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente, por esta Corte…”
“Que, en suma, lo expresado en los dos considerandos anteriores determina
que, si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de
protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del
Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere
toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en
definitiva, implican "alterar" los derechos reconocidos por la Constitución
Nacional (art. 28). De tal manera, el proceder legislativo resultaría, además,
acorde con los postulados seguidos por las jurisdicciones internacionales en
materia de derechos humanos.”
“Ahora bien, este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto
que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido siendo expresado, pone a
ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular.
En efecto, este último está plenamente informado por el principio de
progresividad, según el cual, todo Estado Parte se "compromete a adoptar
medidas [...] para lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos"
“Luego, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y
moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser
indemnizados sólo en los términos que han sido indicados (supra considerando
6°), vuelve al art. 39, inc. 1, de la LRT contrario a la dignidad humana, ya
que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona, por vía de
considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de
trabajo.”
“Más todavía. La llamada nueva cláusula del progreso, introducida en la
Constitución Nacional para 1994, es prueba manifiesta del renovado impulso que
el constituyente dio en aras de la justicia social, habida cuenta de los
términos en que concibió el art. 75, inc. 19, con arreglo al cual corresponde
al Congreso proveer a lo conducente al "desarrollo humano" y "al
progreso económico con justicia social"
Tribunal: C.S.J.N.:
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto)- ANTONIO
BOGGIANO (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA (según su voto)- E. RAUL
ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto).
Fecha: 21/09/2004
Autos: “Aquino, Isacio c/
Cargo Servicios Industriales S.A.”
NOTA A FALLO:
El fallo Aquino materializa la tendencia humanista del “ritmo universal de
la justicia”, como aquel espectro axiológico que constituye la esencia del
sistema normativo. Así citando precedentes sostuvo por ejemplo que: " el hombre es eje y centro de todo el
sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza
trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con
respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter
instrumental" ("Campodónico de Beviacqua c/ Ministerio de Salud y
Acción Social") y que el "trabajo
humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios
que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en
principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...] normativamente
comprendidos en la Constitución Nacional…” ("S.A. de Seguros 'El Comercio
de Córdoba' c/ Trust").
Mucho se ha discutido doctrinariamente respecto de la constitucionalidad
del art. 39 inc. 1 de la Ley 24.557[2],
tanto por quienes defendía el sistema de reparación instaurado por la ley y
aquellos que sostuvieron la inconstitucionalidad del mismo; no es objeto del
presente trabajo reproducir dicha tendencia y evolución jurisprudencial, ya que
al momento seria a los fines meramente de antecedente. Lo cierto es que el
dictado de la Ley 26.773 que entro en vigencia el 26/10/2012 reformula o
enmienda el sistema de la ley 24.557 recogiendo la doctrina del caso “Aquino” y
consecuentemente derogando el art. 39 incisos 1, 2, 3 de la misma[3]
(entre otros). Y sistematizando la vía de la “opción excluyente”[4],
mismo régimen que había instaurado la legislación precedente.
El ejercicio de esta opción es excluyente, respecto de la que pudiera
corresponder en otros sistemas, lo que está dirigido a evitar la superposición
de acciones optativas entre el resarcimiento de la LRT y el que pueda
corresponder por aplicación de los artículos 1074, 1109 y 1113 del Código Civil
(derecho común). En lo procedimental, se encuentra regulado por el ya
mencionado art. 4 de la ley 26.773, que establece que una vez notificado el
damnificado de las sumas correspondientes a percibir, conforme a los criterios
de celeridad y automaticidad de las prestaciones que intenta respetar la actual
Ley de Riesgos del Trabajo, podrá hacer ejerció el trabajador o sus
derechohabientes de esta opción, conforme a las pautas y limites establecidos
por la ley, así se establece que “El
principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en
uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos
sobre el evento dañoso”, dejando en claro que la percepción de las prestaciones dinerarias durante el período
de incapacidad temporaria o por Gran Invalidez o aceptar las prestaciones en
especie, no implican el ejercicio de la
opción excluyente (art. 5º ley 26.773). Entre las críticas que pueden realizarse a
esta reciente reforma, una de ellas es como se reglamentara el ejercicio de
esta “opción” en la práctica de manera que el trabajador pueda manifestar un
verdadero consentimiento informado.
UN POCO DE HISTORIA DE LA ACCION CIVIL:
Este sistema ya se encontraba regulado en la ley 9688[5] sancionada en el año 1915,
su art. 17[6]
prescribía que en los casos de accidentes por dolo o negligencia del patrón,
podía optar por promover acción fundada en el derecho común con el objetivo de
obtener una reparación integral, siendo esta opción de carácter excluyente a la
que le correspondería por vía de la ley especial. La responsabilidad que
preveía esta ley era de naturaleza objetiva e indemnización tarifada, en cambio
la acción fundada en el derecho Civil era de naturaleza subjetiva y estaba
orientada a buscar la reparación integral.
Luego de la reforma del art. 1113 del Código Civil en el año 1968, se
plantean una serie de discusiones doctrinarias respecto del interrogante: ¿es posible responsabilizar al empleador en
los términos de la norma reformada cuando el daño era producido por el hecho de
un dependiente o el riesgo o vicio de una cosa?[7];
Donde el fallo plenario "Alegre, Cornelio c/manufactura algodonera
argentina"[8]
viene a poner un punto sobre tales disquisiciones donde la Cámara sostuvo que: "en caso de haberse optado por la
acción de derecho común a que se refiere el artículo 17 de la ley 9688, es
aplicable el artículo 1113 del Código Civil -modif. por la L. 17711-".
Luego de varios años de vigencia y reformas, en el año 1991 se sanciona la
ley 24.028[9]
prescribió en su art. 16 que: “El
trabajador o sus causahabientes, según el caso, podrán optar entre los derechos
e indemnizaciones que le corresponden según el sistema de responsabilidad
especial que se establece en esta ley o los que pudieran corresponderle según
el derecho civil. Sin embargo, ambos sistemas de responsabilidad son
excluyentes y la iniciación de una acción judicial o la percepción de cualquier
suma de dinero en virtud de uno de ellos, importa la renuncia al ejercicio de
las acciones y derechos y al reclamo de las indemnizaciones que pudieran
corresponderle en virtud del otro.” Continuando con el régimen de la opción
con renuncia, donde a su vez se establecía competencia en la justicia Civil
(solo en Capital Federal) y se hacia extensivo la aplicación de los principios
generales establecidos en el Código Civil, con la incongruencia normativa que
esto podía traer en relación a los principios propios del Derecho Laboral
establecidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las cuestiones de
competencia con relación al derecho al juez natural.
En Octubre de 1995 se sanciona la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo que
viene a transformar totalmente el régimen de reparación de infortunios,
estableciendo como objetivo fundamental junto a la reparación, la prevención de
los riesgos derivados del trabajo, recogiendo así la moderna tendencia del
derecho de daños, objetivo que, desde la entrada en vigencia de la ley a la
actualidad a sido muy discutido respecto a su inserción efectiva en la realidad
laboral. No obstante así, es importante recalcar la importancia de la
introducción esta nueva dimensión, que no estaba prevista por las leyes
anteriores, así a decir de Ackerman:”La
L.R.T. provoco que en la Argentina se hablara, se discutiera y se comenzara a
tomar conciencia sobre la prevención de los riesgos del trabajo.”[10]
Con relación al ejercicio de la acción civil, esta ley rompe el esquema
reparatorio de sus precedentes, vedando al trabajador la posibilidad del
ejercicio de la acción fundada en el derecho común, reservando tal posibilidad
solamente al supuesto excepcional de laboratorio del “dolo delictual” del
empleador, tal cual lo establece en el apartado 1 de su art. 39[11],
el cual suscita fuertes criticas respecto a su constitucionalidad, conforme se
señalo supra. En fin la ley 24.557 introdujo un sistema “de responsabilidad objetiva y tarifada con seguro obligatorio”[12],
fijando una eximición de responsabilidad civil de empleador, salvo el supuesto
de dolo del mismo e incorporo como responsables del otorgamiento y pago de las
prestaciones fijadas en la ley a una nueva entidad de derecho privado con fines
de lucro, que son las aseguradoras de riesgos del trabajo (A.R.T.), creando así
un nuevo vinculo de responsabilidad.
ALGUNAS CUESTIONES CONSTITUCIONALES RESPECTO DEL DERECHO DE OPCION
ESTABLECIDO EN LEY 26.773:
Si bien es demasiado pronto adelantar un juicio de constitucionalidad del
régimen instaurado, es posible hacer algunos llamados de atención. Existen 2
antecedentes importantes (entre otros) a los fines de evaluar el sistema que
establece la norma, uno es “Aquino” y el otro “Llosco”. El la fallo Aquino
establece los parámetros constitucionales y axiológicos respecto al alcance del
derecho a una reparación integral de la que goza el trabajador así como el
universo normativo que integran los principios humanísticos insertos en nuestra
constitución y es en base a los mismos
en que un sistema de acumulación de acciones es el mas adecuado a los fines de
garantizar la inviolabilidad a la integridad física, psíquica y espiritual del
trabajador permitiendo superar de una vez por toda la concepción economicista
del trabajo por una humanista tal cual lo receptan la mayoría de los
precedentes y la doctrina. Solo el ejercicio de una acción plena que permita
contemplar al trabajador en su totalidad espiritual podría garantizar el
cumplimiento de los fines resarcitorios y la idea de justicia. No se trata así
de puesta en funcionamiento de un sistema de “doble repechaje” donde el trabajador
prueba suerte con las prestaciones del régimen de la L.R.T. y en el caso que se
encuentre insatisfecho acciona por el derecho común, ya que no es objetivo de
la justicia o de los operadores legales el conservar el equilibrio de la
ecuación económica-financiera de la sociedad, sino el de administrar equidad,
es el Estado el que debe primero, mediante una legislación coherente y después
mediante políticas efectivas de prevención o concientización respecto de los
siniestros laborales, evitar que los tribunales es vean desbordados por tales
casos. El inicio de acciones para el trabajador no debe significar de ninguna
manera el ejercicio de una decisión de tipo “costo-oportunidad”, porque de tal
manera es que se vulnera el derecho a una reparación integral.
Tal “opción” que prevé la ley 26.773, resulta a su vez violatoria del
principio de progresividad o no regresión en materia de derechos establecido en
la constitución por medio de los arts. 2.1[13]
y 26[14]
del PIDESC (Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales) y la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos), teniendo
en cuenta como corolario los antecedentes legislativos señalados supra que ya
receptaban tal sistema y que señalan un camino ya recorrido.
No obstante así, será prudente dejar que se pronuncie la evolución
jurisprudencial y ver como funciona en la práctica el cumplimiento del objetivo
resarcitorio de la ley, sobre todo con respecto al funcionamiento de la mayor
automaticidad de las prestaciones y la aplicación/actualización del nuevo
índice R.I.P.T.E. (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables).
Fuera de estos precedentes, otro punto a tener en cuenta es la vigencia del
art. 11 ap. 1 de la L.R.T. que no ha sido derogado expresamente por la reforma,
el mismo establece que: “Las
prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de
los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables
y no pueden ser cedidas ni enajenadas.” Y que tanto la ley 24.557 y la 26.773 constituyen un conjunto
integrado respecto al régimen de reparaciones de los infortunios laborales tal
como lo establece el art. 1 de esta última. Entrando en juego de nuevo la
vulneración al principio de progresividad y de derecho a una reparación
integral (alterum non laedere) en el caso que se interpretara una especie de
derogación tacita que posibilitara la renuncia de tales derechos.
Con relación al fallo “Llosco”, nos permite vislumbrar
conceptualmente la teoría de los actos propios y la doctrina del acatamiento
voluntario a un determinado régimen jurídico a los fines de analizar la
constitucionalidad de la opción con renuncia. Respecto a los detalles y notas
del mismo remito a su reseña señalada abajo. Conforme a este precedente nada
impide que se puedan ejercer ambas acciones en virtud de que no existe ninguna
interdependencia o solidaridad entre el régimen legal instaurado por la L.R.T.
y el derecho común. El supuesto contrario, es decir, en el caso que existiera
alguna interdependencia normativa, imposibilitaría la acumulación de acciones
(o su cuestionamiento constitucional), porque el acatamiento voluntario hacia
un régimen jurídico comporta el sometimiento al mismo (conforme a la doctrina
mayoritaria del máximo tribunal), posibilitando solo en este supuesto que una
acción que se ejerciera en base a un determinado régimen jurídico lo sea
lógicamente con una renuncia implícita hacia el otro con el cual tiene una
relación de interdependencia o solidaridad jurídica de carácter inexcusable.
Así sostiene el tribunal que: “Nada impide, por
ende, que la víctima logre de uno de los sujetos lo concedido y, para lo que
interesa, pretenda, seguidamente, del otro lo negado, objetando
constitucionalmente esto último. Las normas que rigen lo primero obran con
independencia de las que regulan lo segundo; también ello ocurre en sentido
inverso.”[15]
AUTOR: MEDRANO TOMAS FEDERICO.-
AUTOR: MEDRANO TOMAS FEDERICO.-
[1] El corchete me pertenece.
[2] Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda
responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de
estos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil.
[3] Art. 17 Ley 26.773: Deróganse los artículos 19, 24 y los incisos 1,
2 y 3 del artículo 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones
indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma,
quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único,
con excepción de las prestaciones en ejecución.
[4] Art 4 Ley 26.773: Los obligados por la ley 24.557 y sus
modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince
(15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o
determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados
o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por
aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e
indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.
Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.
El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.
Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo.
La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.
En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.
Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.
El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.
Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo.
La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.
En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.
[5] Ley de accidentes de Trabajo, que fue reformada por sucesivas
leyes: (12631, 12647, 13639, 15448, 18018, 18913, 19233, 20272, 20595, 21034,
23643) y 5 decretos: (3357/1943, 10135/1944, 650/1955, 5005/1956, 7606/1957).
[6] “Los obreros y empleados a que se refiere esta ley, podrán optar
entre la acción de indemnización especial que les confiere la misma, o las que
pudieran corresponderles según el derecho común, por causa de dolo o
negligencia del patrón. Sin embargo, ambas son excluyentes, y la iniciación de
una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la
renuncia ipso facto de los derechos que en ejercicio de la otra pudiera
corresponderle.”
[7] Morando, Juan M.; La acción civil como
fundamento de reparación en los accidentes de trabajo; RDLSS 2005-2-91; 2005, ABELEDO PERROT.
[8] CNAT 14/10/1971 "Alegre, Cornelio c/manufactura
algodonera argentina".
[9] B.O. 17/12/1991, LA 1991-C-2924. Ley de accidentes de trabajo.
[10] Mario E. Ackerman; “Ley
de Riesgos del Trabajo. Comentada y Concordada”. Editorial:
Rubinzal-Culzoni-Edicion 2011, pág. 57.
[11]“[…] con la sola excepción de la derivada del articulo 1072 del
Código Civil.” Articulo derogado por la ley 26.773.
[12] Morando, Juan M.; La acción civil como fundamento de reparación en
los accidentes de trabajo; RDLSS 2005-2-91; 2005, ABELEDO PERROT.
[13] “(…) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se
compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas,
la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos”
[14] “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica,
para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
